En una sociedad que procure optimizar los beneficios de actividades riesgosas sin que ello implique un atentado a la vida e integridad física de sus usuarios, deben considerarse con especial atención las características propias del tráfico vial, especialmente por tratarse de una actividad en que concurren numerosos riesgos. La presencia inevitable de riesgos concurrentes y el tipo de medio de transporte que se utilice, exigen una legislación especial que regule esta actividad. En Chile, cada año cerca de 2.000 personas pierden la vida y más de 60.000 son heridas como consecuencia de siniestros de tránsito. En lo que va del 2021, la cantidad de personas fallecidas por esta causa asciende a 1.217, alcanzándose un promedio de 4,5 personas fallecidas al día.

En este contexto, la realización de riesgos asociados al tráfico vial tiene un componente de afectación ampliamente superior para quienes circulan en bicicleta. Las dimensiones del medio de trasporte y la exposición al daño no son comparables bajo ningún punto de vista con la conducción de un vehículo motorizado. Además, las calles están diseñadas para satisfacer únicamente las particularidades del tráfico rodado, no hay suficientes ciclovías o vías exclusivas para ciclistas y las existentes están mal diseñadas, en mal estado y no son respetadas por peatones ni automovilistas.

De este modo, el aumento exponencial del uso de la bicicleta en la ciudad en los últimos dos años, debido especialmente a las restricciones sanitarias por Covid-19, provocaron también un mayor número de accidentes y particularmente muertes de ciclistas en los incidentes. Lxs ciclistas fallecidos durante el primer semestre de 2020 superaron en un 32% los del mismo período de 2019, alcanzando un total de más de 100 muertes durante el año.

En el mes de abril del 2020 diversas organizaciones de la sociedad civil, conscientes de la catástrofe sanitaria que se vaticinaba, enviaron una carta a los ministros de Interior, Transportes, Salud y Hacienda, solicitando incorporar a la bicicleta, tiendas, talleres y servicios asociados de biciestacionamiento y reparto, a la categoría de servicios básicos, de utilidad pública y de alta valoración social, para que su funcionamiento sea considerado esencial en períodos de confinamiento o cuarentena por Covid-19. Sin embargo, no hubo respuestas al requerimiento por parte de los ministerios. 

En cuanto a las últimas reformas legislativas sobre la materia, con fecha 10 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.088 de Convivencia de Modos o Convivencia Vial, la que modificó la Ley de Tránsito 18.290, para regular el uso de bicicletas y ciclovías y posibilitar la convivencia de aquellas con el resto de los vehículos de transporte. Esta iniciativa legislativa fue una medida estatal en respuesta al continuo proceso de recuperación del transporte ciclístico de las últimas décadas. No obstante, promotores y gestores de dicha normativa no contaban con los acontecimientos acaecidos desde octubre del año 2019 en el país, los que han puesto en tela de juicio la suficiencia de sus principios y reformas y encienden las alarmas de la legislación penal.

En esta línea, el 10 de marzo del 2020, la Comisión de Transportes recomendó aprobar los Proyectos de Ley refundidos que, entre otros, crean el delito de exceso de velocidad, el que se configuraría cuando se condujere un vehículo motorizado y se sobrepase en 60 kilómetros por hora, tanto en vías urbanas como interurbanas, los límites de velocidad permitidos. Este proyecto, presentado en enero del año 2014, se encuentra en segundo trámite constitucional, para su discusión en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

Si bien la tipificación de delitos viales puede implicar un avance en seguridad vial para ciclistas, es necesario que normas de tales características se acompañen de políticas públicas dirigidas a promover el uso de la bicicleta, asumiendo debidamente la transformación del espacio público exclusivo -hasta ahora- para el transporte particular. Sin embargo, seguramente al fragor del vitoreo publicitario del automóvil del año, resuena el lobby parlamentario e institucional que frena iniciativas legislativas que promueven una convivencia vial con la debida inclusión del tránsito en bicicleta. Entretanto, en las calles de la ciudad, se instalan bicicletas blancas en una señal de memoria y alerta por los cientos de ciclistas que fallecen anualmente en accidentes de tránsito. Transitar por la ciudad en dos ruedas no debe costarnos la vida.